–El congreso pospone su celebración al próximo año para analizar con perspectiva las nuevas leyes que afectarán al sector

–El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia

La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (APROVA) y el comité organizador del cónclave han decidido trasladar la celebración del III Congreso Nacional de Vivienda a los días 10 y 11 de febrero de 2022 en el Palacio de Congresos de Valencia.

El aumento del número de intervinientes debido a la expectativa provocada por este congreso nacional, la necesidad de ampliar su duración y la conveniencia de revisar con perspectiva lo acontecido en el sector en el año 2021, aconsejan este cambio de fechas.  

De esta forma, los principales sectores vinculados a la vivienda, la investigación, la docencia y la innovación, se darán cita en este congreso, con sesión doble de mañana y tarde en las ponencias y mesas de debate de la primera jornada, y con la clausura oficial el viernes por la mañana.

El objetivo de esta nueva edición nacional es definir cuáles son los retos de la sociedad para poder satisfacer el derecho constitucional del acceso a la vivienda y los obstáculos que existen en la actualidad para que las nuevas generaciones accedan a una vivienda digna. Además, se abordarán todas las cuestiones que surjan en los próximos meses a raíz de los “Fondos Europeos de Recuperación” y las nuevas leyes previstas que afectarán al sector de la vivienda.

El congreso contará con la participación de urbanistas, sociólogos, arquitectos, los más destacados miembros de los sectores vinculados al residencial y la administración pública, para reflexionar sobre las preferencias actuales de los consumidores y las nuevas formas de vivir. El III Congreso Nacional de Vivienda pretende incidir en la importancia capital de la cooperación de los operadores privados con las administraciones públicas. Al mismo tiempo se debatirá sobre la carencia de suelo, las trabas burocráticas y las consecuencias por los retrasos en la concesión de licencias, la necesidad de la colaboración público-privada para el acceso a una vivienda asequible, a la falta de un parque de viviendas de alquiler o una revisión amplia de las líneas de actuación que han adoptado otros países para solventar estos obstáculos.