Las asociaciones de promotores de Alicante y Valencia reivindican que no se prolonguen los procesos de concesión de licencias y se respete la ley que establece un máximo de dos meses de espera. Descargar aquí el pdf con la entrevista completa.

Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (APCV) y José Fernández, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante (Provia)

– Una de las quejas del sector ha sido la lentitud con la que se conceden las licencias de obra. ¿Ha cambiado esta situación? ¿Se da en todos los ayuntamientos por igual?

– José Fernández (presidente de Provia): Sí, es una queja de nuestros asociados que prácticamente se repite en toda nuestra geografía, con muy pocas excepciones. Es una irresponsabilidad de las administraciones públicas que, por motivos exclusivamente burocráticos, se retrasen y se pongan en peligro inversiones millonarias y cientos de puestos de trabajo.

Retrasar la concesión de licencia de un edificio de 100 viviendas, supone simple y llanamente retrasar la incorporación al mercado de trabajo de más de 200 trabajadores; cuando lo exponemos así de crudamente la gente mira hacia otro lado porque no se entiende. Los ayuntamientos nos dicen que no tienen medios, pero eso no es excusa, pues los importes que pagamos por Tasas e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) aportan fondos a los ayuntamientos más que suficientes para sufragar los gastos que pueden generarse por la revisión del proyecto.

– Antonio Olmedo (Asociación de Empresas Promotoras de Valencia): Es verdad que todavía continúa el retraso, pero por ejemplo, se han incorporado cuatro técnicos a la Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València con los que seguro se podrán aligerar los tiempos de respuesta. Además, existe un compromiso con el Consistorio para que, a finales de año, estemos en torno a los seis meses de demora y, en 2019, por debajo de esa cifra.

– ¿Qué efectos genera dicha lentitud en la concesión de licencias de obras tanto a ustedes como a los compradores?

– J.F.: Los efectos son muchos y muy perjudiciales; desde inseguridad jurídica y problemas de financiación de las promotoras, pasando por retrasos en la contratación o incluso pérdidas de puestos de trabajo y siguiendo por graves perjuicios para los compradores de viviendas que ven anormalmente retrasada la entrega de sus viviendas. La Administración también se ve perjudicada a sí misma; nadie gana, todos perdemos, pero con excepciones el problema continúa. Solo pedimos que se respete la ley: dos meses es suficiente.