FEPROVA ha organizado una jornada para analizar las consecuencias, a todas luces negativas, de una posible aplicación del PATIVEL, tal y como la administración autonómica lo plantea.

La Federación de Empresas Promotoras de la Comunidad Valenciana, FEPROVA, ha organizado una jornada para analizar el PATIVEL desde tres grandes ejes: desde el punto de vista económico, jurídico y social. En la presentación de la jornada, Antonio Olmedo, presidente de FEPROVA, ha incidido en la preocupación del sector frente a un PATIVEL que genera inseguridad jurídica y económica. ‘Y nos preocupa porque el litoral concentra en nuestra Comunidad el 15% del PIB que se produce, más del 85% del valor añadido bruto que genera el turismo y es el espacio donde reside el 80% de la población,’ ha destacado el presidente de FEPROVA.

En la primera mesa de debate que ha abordado el PATIVEL desde el punto de vista económico, se ha centrado en las consecuencias de pérdida de inversión y empleo y Armando Ortuño, ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad de Alicante, ha señalado que ‘cabe realizar una nueva mirada sobre nuestro modelo de territorio y aprovechar el activo que nos ofrece la desestacionalización y los nuevos hábitos de ocio, puesto que genera riqueza y empleo de manera continuada’.

Armando Ortuño advierte de la pérdida de empleo que puede provocar la desinversión y la renuncia a esa barrera de 15.000 viviendas que condicionaría el PATIVEL en un horizonte de cinco años.
En esta mesa ha participado también, Eduard Navarro, fundador de Net de Guerrers, quien ha recordado que ‘la inversión extranjera busca seguridad jurídica y el PATIVEL, hoy por hoy, no ofrece esas garantías, sino pone de acuerdo a propietarios, promotores y administración’.

La segunda mesa redonda, centrada en la necesidad de analizar el PATIVEL desde el punto de vista jurídico, ha servido para sacar a la luz las consecuencias derivadas de las deficiencias en su redacción. Moderados por Amparo Baixauli, presidenta de la sección de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Valencia, han participado los abogados especialistas en Urbanismo: Carlos Canellas, Rafael Ballester y Christian Fabregat.

Amparo Baixauli ha planteado el debate a partir de una serie de ejes en materia normativa como las deficiencias en la redacción del PATIVEL, las consecuencias en los planeamientos vigentes, la imprecisión en las regulaciones de categorías de suelo, las responsabilidades patrimoniales o la problemática de los terrenos con PAI aprobados.

Por su parte, Carlos Canellas, abogado, especialista en urbanismo ha comentado que ‘genera incertidumbre e indefensión la ausencia de especificaciones sobre la motivación para incluir o excluir terrenos en un periodo de transición según promueve el PATIVEL’.

Rafael Ballester, abogado, ha señalado en su exposición que ‘el PATIVEL igual propone un nuevo modelo de suelo que no está regulado por ley’. Además, ha recordado la insuficiente participación pública, la ausencia de una rigurosa evaluación socieconómica y la falta de garantía al derecho de indemnizaciones.
Christian Fabregat, abogado, al igual que sus antecesores ha reforzado la idea de que ‘es necesario un PATIVEL, pero no este modelo de PATIVEL que es un instrumento de prohibición y anti urbano que se realiza sin rigor ni estudios de viabilidad, sostenibilidad y socioeconómicos’.

El análisis del PATIVEL desde el punto de vista social se ha tratado en una tercera mesa en la que han participado Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche y Salvador Pons-Fuster, presidente de la asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), moderados por Antonio Viedma, arquitecto, quien ha insistido en: ‘estar a favor del PATIVEL, pero no de este modelo de PATIVEL que no parece recordar que el 85% del suelo afectado está en manos de pequeños propietarios, a los que habría que darles las garantías y explicaciones pertinentes’.

Esta tercera mesa de debate ha servido para exponer dos casos prácticos y la realidad de un planeamiento, como destaca el arquitecto, Antonio Viedma: ‘que no se puede realizar a vista de pájaro, sino bajando al terreno, donde encontramos algo más que un espacio verde, ya que está la huella de sus propietarios con pequeñas construcciones, cultivos o en algunos otros casos, zonas degradas o abandonadas’.

Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche, sector MR-10, que representa a más de 70 pequeños propietarios, ha advertido que ‘desde 2005 se viene planteando su desarrollo, auspiciado por el propio ayuntamiento, a partir de ahí, trabas, defectos y abandono municipal ha propiciado que ahora estemos sujetos por un PATIVEL que ofrece menos protección medioambiental que la prevista en anteriores planeamientos, además que desde el punto de vista económico es un desastre para sus propietarios’.
Salvador Pons-Fuster, presidente de la Asociación de propietarios/vecinos de L’ahuir (Gandía), ha señalado que ‘representa a pequeños propietarios que se sienten perdedores y resignados en un espacio que, en suma, se encuentra en un estado grave de degradación y en esta coyuntura el PATIVEL no viene a corregir sino que puede recrudecer aún más esta situación de abandono’.

En el último tramo de la jornada, Juan Antonio Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo por la Complutense de Madrid y abogado en Gómez Acebo y Pombo, ha expuesto que ‘no quiero este PATIVEL, ni ninguno porque conozco otros ejemplos que han sido un desastre’. ‘La estrategia que plantea el PATIVEL para la Comunitat Valenciana se fundamenta en una utopía’, señala Santamaría, ‘ya que su fisonomía es la que es y no existe presupuesto público para dejar libre y cuidar todo ese territorio’.
‘En última instancia, el PATIVEL ofrece serias dudas sobre aspectos relacionados con su legalidad y con las posibles indemnizaciones que se deriven de su aplicación’, ha finalizado Santamaría.
Como conclusión, el secretario general de Feprova, Jesualdo Ros, ha señalado que “no pasa nada por esperar un poco y así poder dialogar entre todas las partes”.